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El emprendimiento como motor de una nueva política en Chile

En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de cómo el emprendimiento y la innovación han transformado sociedades, economías y sistemas políticos. Chile, con su vibrante ecosistema emprendedor, no es la excepción. La reciente creación de un centro político orientado al fomento del emprendimiento podría ser el catalizador de una revolución política que redefina el futuro del país.

Históricamente, la innovación ha sido el motor de cambios significativos. La Revolución Industrial del siglo XVIII, impulsada por avances tecnológicos, transformó economías agrarias en potencias industriales, alterando estructuras sociales y políticas. En la era digital, startups como Google y Facebook no solo revolucionaron la economía, sino que también influyeron en procesos políticos y sociales a nivel global.

En Chile, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) ha sido fundamental en el desarrollo de industrias emergentes, como el litio y el hidrógeno verde. Sin embargo, recientes transferencias de fondos al Fisco han generado preocupación sobre la sostenibilidad de su patrimonio y su capacidad para seguir apoyando la innovación. Este organismo no se puede transformar en una caja pagadora del Gobierno, debe ser un referente permanente para el emprendimiento en Chile.

Con la creación de un nuevo centro político emprendedor en Chile representa una oportunidad para integrar la innovación en el corazón de las políticas públicas. Este enfoque puede abordar desafíos históricos, como la dependencia de sectores tradicionales y la falta de diversificación económica. Al promover políticas que faciliten el emprendimiento y la adopción de nuevas tecnologías, se puede estimular la creación de empleos de calidad y fortalecer la clase media, base de una democracia sólida.

Es importante destacar que el emprendimiento y la innovación no están supeditados únicamente a la empresa privada. También pueden jugar un rol fundamental en el Estado, mejorando la eficiencia de los servicios públicos, optimizando la gestión gubernamental y promoviendo soluciones innovadoras a problemáticas sociales. La digitalización del aparato estatal, el uso de inteligencia artificial en la administración pública y la implementación de sistemas de datos abiertos son ejemplos de cómo el Estado puede adoptar un enfoque emprendedor para modernizar su gestión y fortalecer la confianza
ciudadana.

Un ejemplo claro de la importancia de este enfoque es la Región de La Araucanía, donde el emprendimiento y la innovación pueden ser clave para el desarrollo económico y la resolución de conflictos históricos. La región enfrenta desafíos estructurales en términos de inversión, empleo y cohesión social, y el impulso a iniciativas emprendedoras podría generar nuevas oportunidades para las comunidades locales, fortaleciendo la economía regional y promoviendo un desarrollo más equitativo. Fomentar startups agrícolas, turismo sustentable y tecnología aplicada a la industria forestal son caminos viables para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y generar mayor estabilidad.

Además, al considerar sectores como el turismo, el comercio minorista, la salud y los cuidados como industrias capaces de innovar, se abre la puerta a una economía más inclusiva y resiliente. Estos sectores, tradicionalmente subestimados, tienen el potencial de generar empleos bien remunerados y fomentar la cohesión social.

La experiencia internacional muestra que cuando la innovación se convierte en una política de Estado, los resultados son transformadores. Países como Estonia han logrado, a través de la digitalización y el apoyo al emprendimiento, modernizar sus economías y sistemas políticos, aumentando la transparencia y la eficiencia gubernamental.

En conclusión, la apuesta por un nuevo centro político emprendedor en Chile tiene el potencial de desencadenar una revolución política. Al situar la innovación y el emprendimiento en el centro de las políticas públicas, se puede construir un país más próspero, equitativo y democrático. Es una oportunidad para redefinir el contrato social y preparar a Chile para los desafíos del siglo XXI.

Columna de Opinión
Pablo Díaz Salazar

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